EXPRESIÓN: LIBERTAD REGULADA

La libertad de expresión no es un derecho humano ilimitado. El respeto y las consecuencias de lo que se dice, debe ser tomado en cuenta antes de hablar, ya que existen sanciones. Libertad de expresión y libertad de prensa no son la misma cosa

Por: @NolanRada y @PedroDeMendonca

La libertad de expresión puede definirse, grosso modo, como la facultad que tienen los seres humanos de expresar libre y abiertamente sus ideas. Establecida como derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se ha prestado para grandes debates y apreciaciones diversas, que giran en torno a qué tanto puede decir una persona, considerando los posibles efectos que su palabra pueda generar.

Para George Orwell, “la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír”. Por su parte, Abraham Lincoln llegó a expresar que “medir las palabras no es necesariamente endulzar su expresión, sino haber previsto y aceptado las consecuencias de ellas”.

Puede decirse que, en líneas generales, por ahí ha transcurrido el “debate” sobre este derecho humano: para unos, como para Orwell en esa frase, la libertad de expresión es considerada como el decir y hablar rebelde y subversivamente, mientras que en la apreciación del expresidente estadounidense, esa expresión debe tener límites, en relación con los posibles efectos.

Con base en el precepto del derecho burgués, “mi libertad se termina donde comienza el derecho de los demás”, todos los seres humanos, además de expresarnos abiertamente, también tenemos el derecho de tratar con respeto a nuestros similares.

En ese sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como todas las cartas magnas de la mayoría de las sociedades democráticas, no solamente establece garantías a la libertad de expresión, sino que le atribuye al emisor del mensaje la responsabilidad de lo dicho. En ese sentido, establece lo siguiente (Artículo 57):

“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promueven la intolerancia religiosa…”.

Se trata, entonces, de entender que nuestro verbo es un arma con la que se puede delinquir y, por tanto, pagar algún tipo de condena. Una cosa es la libertad de expresión y otra, la anarquía verbal.

Libertad de prensa

La cuestión se agrava al exponer esa “arma” a la masa, que puede contagiarse del mensaje que se transmite, o al público, que necesita de ese mensaje para validar lo que lo reúne. Así, dependiendo del sentido, con el contenido del mensaje, se nutre o deforma a la sociedad; más allá de que esta deba tener herramientas para regular lo que percibe, para saber qué tomar y qué no (eso ya forma parte de otra discusión).

El lenguaje como vehículo de las ideas, no puede permitirse quedar sin freno en la carretera, no puede permitirse arrebatos como, por ejemplo, la ofensa a una figura pública (por mucho que ella irrespete, expresando y evidenciando sus rasgos despóticos, antidemocráticos), bajo la bandera que “estamos en libertad de expresión”.

Primera plana de 6to Poder, de noviembre de 2011.
Tomada de: correodelorinoco.gob.ve

En Venezuela, se incurre reiteradamente en delitos de expresión, justificados, paradójicamente, con este derecho humano universal. A título de ejemplo, puede mencionarse el “caso” del semanario 6to Poder, en el cual se cometió un delito de expresión de tipo “agraviante”, ya que con la divulgación de un artículo titulado “Las Poderosas de la Revolución Bonita” (en la imagen), en noviembre de 2011, se ofendía a funcionarias públicas, comparándolas con trabajadoras de cabaret.

Una de las respuestas inmediatas del director del medio, Leocenis García –y de la opinión pública, en general-, fue que en una sociedad democrática debe existir “libertad de expresión” y que medidas sancionatorias contra cualquier medio representan un atentado a esta garantía.

Con apreciaciones como esa, desde luego, no solamente se desconoce la legislación vigente, sino que, además, se tiene una visión de uso irresponsable de los medios de comunicación social. Esto, ya que, además, se ignora que a los medios no le atañe el derecho de libertad de expresión del ciudadano común, sino la libertad de prensa (que no es lo mismo, sino que está aún más limitada que la de expresión, por cuestiones éticas y de responsabilidad, debido a su gran alcance).

No podríamos decir si el mal uso de los términos jurídicos es parte de la “polarización”, de los intereses en juego o de la ignorancia acerca de lo que la ley establece –un poco de las tres, en realidad-; pero convendría encontrar una forma con la que las dudas y “malentendidos” se aclararan. O, en su defecto, debería encontrarse la manera de formar a una sociedad crítica ante estos eventos y que entienda que todo acto de expresión genera consecuencias tanto positivas como negativas. Las expresiones ofensivas, con efectos negativos, que inciten o promuevan al odio o sometan a alguien al escarnio público, ya sea directa o indirectamente, tienen sus castigos.

Por lo anterior, no solamente se evidencia la justificación de la regulación a la expresión, sino también la necesidad de profundizar tales controles para evitar mensajes fuera de orden (y no “fuera de lo que guste o no, partidistamente”). La Constitución vigente es vaga con respecto a la trascendencia de este derecho universal y, por ende, puede prestarse para múltiples interpretaciones, tal y como ha ocurrido hasta ahora.

La libertad sí se conoce y se practica, pero las limitaciones tratan de “taparse”; debe redactarse, al estilo de la carta magna chilena o, mejor aún, de la brasileña, un cuerpo más detallado sobre las responsabilidades que ciudadanos y medios de comunicación tienen a la hora de emitir sus juicios, visiones, opiniones, sentimientos. Todo esto, desde luego, sin socavar la esencia del derecho humano de la libertad de expresión y sin hacer antidemocráticas y, por ende, inhumanas, vinculaciones de conveniencia partidista.